SIN INFORMACIÓN NO SE PUEDE COMBATIR LA INSEGURIDAD

Juan Briceño Pomar

Imaginemos que somos médicos y nos llaman para atender una emergencia. Lo único que sabemos es que el paciente tiene fiebre alta y, por teléfono, le recetamos un antibiótico y esperamos que se cure. Sin entrevistarlo para conocer que siente, sin haberle realizado ninguna prueba complementaria o verificar como responde al tratamiento que le administramos suponemos que sanará.Aunque parezca mentira, así se maneja la política de seguridad en el Perú. Si la inseguridad es de por sí un fenómeno complejo y difícil de entender, el tratar de enfrentarla sin conocer su real dimensión, causas y características distintivas es garantía de fracasar en el intento.En la confección de sus políticas nacionales de seguridad, la herramienta que vienen utilizando países que han logrado avances en este campo son las “Encuestas de Victimización” que miden la percepción de inseguridad, la victimización real y la capacidad institucional para contener las amenazas.Debo aclarar que no estoy refiriéndome a ella como “la solución mágica al problema de inseguridad”, sino simplemente como un instrumento importante para diseñar políticas públicas efectivas.Las encuestas de victimización profundizan en cada uno de los temas para conocer sus causas, localización, temporalidad, características, similitudes y relación con otros hechos. Deben ser realizadas periódicamente y sirven de línea de base para evaluar las políticas de seguridad.En el Perú sólo se ha realizado una Encuesta de Victimización con esas características. Fue a finales del 2004 en el marco del proceso de reforma policial y con apoyo del BID. Se tenía previsto que estos estudios se realizarán anualmente para ir mejorando continuamente las políticas y los resultados pero, como todo en materia de seguridad, los cambios de responsables en el ministerio del interior dejaron esta medida en el olvido.En el ámbito operativo las herramientas que mejores resultados han dado son los análisis de la criminalidad basados en las estadísticas policiales y los mapas del delito que permiten planificar las intervenciones y emplear eficazmente recursos escasos.Al igual que con las encuestas de victimización en esta materia tenemos serias dificultades.El área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal denunció un “manejo irresponsable de las estadísticas en la Policía, ¿acaso se puede esperar políticas de seguridad eficaces y adecuadas si están fundamentadas con datos falsos, ajenos a la realidad?”.http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/21-08/cifras-bamba-de-la-policia.htmDesde el año 2004, a nivel internacional, no se toman en cuenta los datos que proporciona nuestro país para confeccionar las tasas de homicidios por 100,000 habitantes puesto que hay diferencias significativas entre las cifras de la policía, el ministerio de salud y la fiscalía (instituto de medicina legal).Esta tasa es un indicador que permite comparar los niveles de violencia e inseguridad en diferentes países o regiones. Si analizamos las estadísticas policiales sobre homicidios y calculamos la tasa por 100,000 habitantes constataremos que nuestro país ha pasado de 4,80 el 2003 a 12,16 el 2008 dato de por sí alarmante que deja mal parados a quienes sostienen que sólo estamos frente a un problema de percepción.Otro de los instrumentos que optimizan la intervención operativa frente a la inseguridad es el “mapa del delito” que, basado en las denuncias de la ciudadanía y un programa informático, grafica la problemática delictiva de una localidad. Aún con la limitación de una baja tasa de denuncia puede servir como referencia para planificar la distribución de los recursos teniendo en cuenta los días, horas y zonas críticas.Se ha anunciado que en este año se implementará un sistema de este tipo en todas las comisarías del país. Es una magnífica noticia que ojalá se haga realidad y que implica que desde ya se vaya capacitando al personal policial que va a utilizar el sistema y a los analistas para sacarle provecho.A manera de sugerencia para mejorar la situación, planteo tres medidas sencillas, económicas y viables de ejecutar en el corto y mediano plazo:1. Diseñar una encuesta de victimización que incluya: victimización real, percepción de inseguridad y valoración de instituciones. Que, por tratarse de un problema que ha sido declarado de interés y prioridad nacional, se encargue su aplicación anual al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).2. Que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) implemente un Observatorio Nacional del Delito y de forma paralela y coordinada con los gobiernos regionales se implementen Observatorios Regionales.3. Que la Policía Nacional del Perú (PNP) designe a los jefes de las áreas de planeamiento de todas las unidades operativas como responsables de las estadísticas y se les capacite y equipe con herramientas tecnológicas que garanticen la veracidad de la información.Estoy convencido que estas sencillas acciones pueden contribuir a que las instituciones mejoren su actuación y puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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El faenón de Antamina

Por: Humberto Campodónico

En los últimos días, la prensa internacional ha informado acerca del plan de inversiones de Antamina por US$ 1,288 millones. Como se sabe, este plan incluye reinversiones por US$ 900 millones, las que no pagarán impuesto a la renta (IR), debido al convenio de estabilidad tributaria que la empresa firmó bajo Fujimori en 1999 (ver Antamina: reinvirtiendo con nuestros impuestos, www.cristaldemira.com, 23/11/2009). El no pago del IR implica que Sunat dejará de recaudar US$ 270 millones (900 millones x 30%), lo que afectará en 50% al gobierno central y en 50% a la Región Áncash (gobierno regional y gobiernos locales). Eso desató importantes movilizaciones en toda la Región. Hemos dicho en esta columna que ese incentivo tributario fue derogado en setiembre del 2000 porque ya no estamos en 1990-91 y por su alto costo fiscal. Si bien todavía rige para Antamina debido al convenio de estabilidad, la actual coyuntura de altos precios hace innecesario que la empresa lo utilice. Miren, si no, lo que acaba de declarar Greg Waller, vicepresidente de Teck (empresa canadiense que tiene el 22.5% de Antamina): “El proyecto se financiará con el propio flujo de caja de la empresa. Agregó el Sr. Waller que Teck no invertirá “cash”, sino que solo reducirá la distribución de utilidades en una cifra no mayor a US$ 100 millones en los próximos dos años” (13/1/2010, http://www.tcetoday.com/tcetoday/NewsDetail.aspx?nid=12424).En cristiano, el Sr. Waller dice que de ese mismo cuero saldrán las correas. Claro que sí. Antamina ha tenido utilidades superiores a los US$ 1,000 millones anuales del 2006 al 2009 (en total US$ 6,320 millones). Y las seguirá teniendo, pues los precios del cobre y del zinc siguen altos. Así, la inversión se iba a hacer de todas maneras, con o sin incentivo tributario (para ellos, un ripio). Así, la reinversión, que se hará en cuatro años, del 2010 al 2013, se financiará con el flujo de caja. Lo mismo sucederá con los US$ 388 millones adicionales del total del plan de inversión. No solo eso. Antamina seguirá teniendo utilidades netas todos esos años, las mismas que “solo se reducirán en algo”. ¡Qué bonito negocio! No queda duda de que la empresa ha logrado un faenón para sus accionistas (no para el Perú), que es legal, pero no legítimo. El problema aquí tiene que ver solo en parte con las empresas, que siempre van a buscar maximizar sus utilidades. El otro lado del problema –el principal– es que el actual gobierno no le ha planteado a la empresa, en ningún momento, sentarse a la mesa para discutir la repartición de las sobreganancias por los extraordinarios altos precios de los minerales. Por eso aceptan, sin mover una ceja, no recaudar US$ 270 millones que podrían invertirse en educación, salud e infraestructura. No solo eso. El premier interpuso sus “buenos oficios” para que el presidente de la Región Áncash, César Álvarez, que al principio objetó el programa de reinversión, también lo acepte. La empresa le aseguró a Álvarez que cubriría cualquier “faltante” que se presentara en los programas de inversión de la Región y de las municipalidades en los próximos años por el menor pago del IR. La cuestión es que en Áncash quizá no falte dinero porque, de un lado, hay excedentes acumulados del canon de años anteriores y, de otro, que Antamina seguirá teniendo utilidades, por lo que va a haber poco o ningún “faltante”.Pero aun si lo hubiera (y la empresa lo cubre), el problema central es, repetimos, que el Estado peruano no asume la responsabilidad que le corresponde: aprovechar los beneficios que generan los precios extraordinarios de los recursos naturales, que son de la Nación. No lo hace con los contratos pasados y tampoco modifica la legislación para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y la oposición? Bien, gracias.

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ACTA DEL GOBIERNO REGIONAL Y ANTAMINA: Reinversión de utilidades

Por: Richard Moreno Bustos

El acta firmada entre el Gobierno Regional y compañía minera Antamina, nos ubica en una nueva etapa de intervención de la empresa minera del cual hay temas importantes a considerar:
En primer lugar, según lo mencionado en los medios, la reinversión de las utilidades de esta minera sería alrededor de 1 200 millones de dólares; entonces, el canon que Ancash dejaría de percibir sería aproximadamente de 180 millones de dólares, el mismo que en esta ocasión se menciona que “no se va perder”, sino que la empresa va “compensarlo” a través del Fondo Minero Antamina. En ese sentido, se entiende que los 180 millones de dólares compensatorios serán administrados por la empresa privada sea ejecutando proyectos o, según convenio, transfiriendo recursos a los gobiernos sub nacionales y universidades públicas de Ancash.
Recordemos que el Fondo Minero Antamina administra aquellos recursos del denominado “programa Minero de Solidaridad con el Pueblo” originado en el precio alto de los minerales y por el cual la empresa destina el 2.75% de sus utilidades para inversión social y productiva. Siendo así, éste tendrá que implementar otro brazo de administración en la medida que el origen de ambos recursos tiene una connotación diferente.
Siendo optimistas, podemos apreciar que se abre una oportunidad para: a) destinar recursos a proyectos restringidos por la actual ley de canon (solo para infraestructura pública); b) Superar, en algo, los problemas generados por la concentración del canon sólo en algunos gobiernos locales derivado de la actual distribución legal vigente y ampliar la oferta de financiamiento a otros gobiernos locales del departamento y, c) Dotar a las universidades de fondos para investigación, promoción de capacidades en catedráticos, alumnos etc.
Sin embargo, hay un condicionamiento a tener en cuenta, pues para el uso de estos nuevos fondos se exige que los gobiernos y universidades previamente “gasten los recursos de canon que tienen acumulados”, el mismo que merece mayores especificaciones.
Aún cuando vivimos una coyuntura marcada por el proceso electoral, queda pendiente en la agenda que un equipo técnico conformado por el gobierno regional y quizá la representación municipal y universitaria amplíen su nivel de dialogo con Antamina para definir formas, condiciones y mecanismos idóneos de uso para los fondos antes mencionados.
Hay una tarea muy ardua respecto de este tema, pues el resultado de la negociación ha configurado un nuevo poder y está incorporando la responsabilidad de asignación y administración de fondos a la empresa privada.
Finalmente, se hace necesario exigir una mayor transparencia y acceso a información sobre el manejo de estos recursos, puesto que se trata de fondos que están destinados a inversión pública y es de interés de todos los ciudadanos saber a dónde y cómo se utilizan.

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Ricardo Uceda: "García les está ganando la pelea a los medios"

Ex director del semanario “Sí” y ex jefe de la unidad de investigación de El Comercio (1994-2000), Ricardo Uceda es uno de nuestros más respetados periodistas. Titular del premio María Moors Cabot (2000) y autor del libro “Muerte en el Pentagonito”, hoy es director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Esta entrevista toca el tema de la relación siempre compleja entre prensa y poder.
Por Federico de Cárdenas
¿Se vienen tiempos duros para la libertad de expresión en América Latina? Hay una restrictiva legislación de prensa en preparación en Ecuador, subsisten los problemas en Venezuela. ¿Cómo ves el panorama?
–Es indispensable comenzar reconociendo que tenemos más libertades que hace dos decenios y que ahora el periodismo de investigación en América Latina afronta menos riesgos. En este sentido el mensaje de transparencia en la información ha calado y no habrá marcha atrás. Pero el panorama es muy variado y es verdad que hay en algunos gobiernos la tendencia a controlar medios. Están los casos de Venezuela, Nicaragua o en menor medida Ecuador y Argentina, pero creo que finalmente va a prevalecer la fuerza de los ciudadanos que quieren una información libre y diversa.
–Y a nivel nacional, ¿cómo ves las cosas?
–Tenemos un ambiente de amplias libertades. No se ha repetido el pantano fujimorista y ni el gobierno de Toledo antes ni el de García hoy han manifestado una relación autoritaria con los medios. Esto no quiere decir que no haya problemas: el principal es el de radio Bagua, que ha sido abusivamente clausurada por razones políticas. Se la acusa falsamente de promover la violencia y se la ha cerrado con una triquiñuela administrativa que persiste. Encuentro lamentable que la Asociación de Radio y TV no proteste, como sí lo ha hecho el Consejo de la Prensa. La televisión, en general, es más complaciente con el gobierno. Hay poca competencia en sus investigaciones y poca variedad de opiniones políticas. Esto puede ser más sensible en la época electoral que se avecina.
–¿Estás de acuerdo en establecer una diferencia entre la situación de los medios en Lima y la que se da en provincias?
–Sí. Me parece muy necesario. Tanto a nivel de peligros como a nivel de influencia de poderes estamos ante situaciones distintas. En el interior carecemos de industria periodística –en el sentido que no puede dar empleo digno a nadie–, hay mucha corrupción y se da intervención descarada de poderes, y no solo políticos o económicos: me refiero al narcotráfico.

Pero a veces también es el Estado. El juez del Primer Juzgado de Alto Amazonas, Julio César Aquino Medina, ha iniciado proceso penal contra el periodista Giovanni Acate, director de radio Oriente y Canal 8 TV, por considerar que la cobertura que realizó de la huelga indígena ocurrida en mayo pasado incitó a la violencia y al desorden. El juez lo acusa de apoyar una movilización, criminalizando opiniones favorables al ejercicio de un derecho ciudadano. Apoyar una movilización no es instigar al delito ni es complicidad o fomentar el desorden.
–Estas presiones son distintas a las que se registran en ciudades como Trujillo o Arequipa, donde también las hay.
–Así es. Me parece necesario mencionar el caso de La Industria de Trujillo, que más allá de estar en una posición poco crítica frente a presuntas violaciones a los derechos ciudadanos en esa ciudad –lo cual es su derecho– ha despedido a su editor en Chimbote por razones políticas. Ítalo Jiménez fue despedido por el nuevo directorio porque mantenía una línea editorial demasiado opositora al gobierno regional. Es obvio que cada diario puede darse la línea que decidan sus promotores, pero aquí lo objetable es que Jiménez fue acusado de falta grave. El caso está en manos de un estudio laboralista para ver si se revierte este abuso.
Ese sería un caso de intromisión de un poder político local en la línea de un medio. Pero también hay actitudes heroicas, como la de El Búho en Arequipa, enfrentado con sectores de la burocracia universitaria local que lo tienen acosado judicialmente por sus denuncias. Este caso es representativo de medios independientes que dan lucha por principios, aunque pongan en peligro su propia existencia.
En mi opinión esto ocurre porque la industria periodística no se ha desarrollado. No hay un mercado en el interior, y en esto nos diferenciamos de países vecinos como Ecuador y Bolivia, que tienen diarios muy importantes, rentables e independientes, en ciudades distintas a su capital. Son los casos de El Universo en Guayaquil y El Deber en Santa Cruz.
De ayer a hoy
–En el Perú el momento de máxima interferencia del poder político se dio con el fujimorismo, cuando se compró la línea editorial de diarios, radios y televisoras, y una prensa amarilla rentada desde el SIN difamó a la oposición.
–Sin duda, el país tiene evidencias de la enorme corrupción que se produjo. A partir de allí, diría que el vaso está medio lleno o medio vacío, según lo queramos ver, porque lo bueno del Perú es que hay mucha competencia entre los medios y una prensa muy dispuesta a fiscalizar. A veces lo hace mal, o no lo hace rigurosamente, pero es importante que exista esta voluntad. Porque si bien, para dar un ejemplo, muchas de las cosas que se le dijeron a un gobierno como el de Toledo en la prensa fueron excesivas, lo cierto es que sin este seguimiento implacable hubiera cometido errores que lamentaría.
–En este sentido, ¿hay diferencias en la actitud de la prensa frente a Toledo y frente a García?
–Sin duda. Acuérdate que no bien elegido Toledo se disparó a los pies, sin ayuda de los medios, al decir que lo habían secuestrado, lo que llevó a que se descubriera su noche de juerga; vino luego el aumento de sueldo y casos como el de la paternidad de Zaraí, y eso solo para comenzar. En el caso de García, los hechos controversiales que se han dado no los ha provocado él mismo, como el de los petroaudios o el de la paternidad de su último hijo, y ante ambos tuvo reflejos adecuados.
Toledo fue acosado por los medios y en cierto modo fue derrotado en términos de imagen, en tanto que García –es mi impresión personal– hasta ahora les viene ganando la pelea a los medios. Entonces, no es que los medios hayan inventado nada, pero los efectos han sido distintos.
-¿Pero no hay en este gobierno un excesivo protagonismo del Ejecutivo –y del presidente– como generador de noticia?
–Sin duda, y a veces les ha salido mal, como en el anuncio del hallazgo de gas, y a veces les ha salido bien, como en el de los pishtacos –bien en el caso de que lograron distraer un tiempo a la prensa–, pero eso hace todo gobierno. No digo que lo apruebe, pero no me escandalizo por ello.
–¿Y no te preocupa el carácter inmediatista de la prensa?
–Sí. La prensa, en todos los países, está obsesionada por cosas del momento, lo que hace que dedique poco tiempo al seguimiento de asuntos. Es que eso requiere de tiempo y dinero, no siempre disponibles.
Además, tenemos ese nuevo concepto, tremendamente invasor, del entretenimiento que cada vez penetra más en los medios. Ingresas a algunas páginas web locales y aparecen como notas destacadas pleitos entre personajes de TV que no interesan a nadie o mediciones de rating de programas. Hay una presión constante de los departamentos de marketing por disfrazar de noticia el entretenimiento. Y no solo aquí.
La fiscalización
–Hay excepciones destacadas.
–Sin duda, por eso te decía que el vaso está medio lleno o medio vacío. Hay ejemplos estupendos de ánimo fiscalizador, como lo que hizo Perú 21 con Tralima y lo que ha hecho La República con el indulto a Crousillat. Me parece importante que medios de distinto signo compartan este ánimo. Pero también creo que hay casos para los que requieren de otro tipo de esfuerzo y dedicación para los cuales no están preparados, salvo que se produzca una filtración. Cito cuatro: 1) La corrupción: recordemos que un caso como los petroaudios no fue tanto trabajo de la prensa sino iniciativa de gente que quería vender información. Y se trata aquí no solo de asuntos que violan el Código Penal sino de conflictos de intereses que no están penalizados. Cada vez es más difícil seguir la corrupción. Aquí la reacción del gobierno ha sido rápida, al amortiguar un caso tan grave como BTR y que implica una conspiración para financiar una candidatura presidencial, tema que ha pasado a segundo plano.
2) El narcotráfico: estamos exportando tanta cocaína como Colombia. ¿Dónde están los narcos infiltrados en los grupos económicos? De momento, los medios dependemos de lo que nos diga la PNP, con todo lo que ello implica. Para detectar a los grupos que embarcan la droga hacia México se requiere de medios. Ese tema es un gran reto; 3) El financiamiento de la política: uno de los temas más importantes de interés público y más secretos; 4) El seguimiento a la actividad empresarial: la gente que lo hace en los medios sigue la premisa de que ”hay que fomentar la inversión privada”. El periodista no puede ser una suerte de relacionista público del capital. Se le debía seguir con tanta distancia como se sigue a otros poderes, y eso requiere capacitación.
–¿Crees que podamos llegar a tenerla?
–No lo sé. Hay un debilitamiento de las empresas periodísticas tradicionales por obra de internet, y hasta en países como EEUU se encarga estas investigaciones a ONGs especializadas que han logrado éxitos notables. Me refiero a la gente de Propública o Center for public integrity que han descubierto negociados y desfalcos en la guerra en Irak. Tampoco me parece lo ideal, espero que estos temas sean tratados por la propia industria periodística en su reingeniería futura.
EL ESCUADRÓN DE LA MUERTE
–Han pasado dos meses desde que revelaste la existencia de un escuadrón de la muerte en la PNP de Trujillo. ¿Cómo evalúas lo que sucedió después?
–El caso estuvo dos semanas sin ser comentado, de ahí pasó a las columnas de analistas políticos y finalmente a la opinión pública. Me parece importante que el MP haya abierto investigación sobre las muertes, y lo digo porque todas las fuerzas vivas de Trujillo están con la policía. Eso generará todo tipo de presiones políticas sobre la fiscalía, desde el diario más tradicional hasta la cúpula del APRA en Trujillo, muy interesada en proteger a los investigados. Pese a ello, creo que dará lugar a un proceso emblemático en el PJ que durará varios años y me ha satisfecho que la institucionalidad (MP, luego Defensoría) haya funcionado.
Al igual que la prensa, y sin ninguna concertación.
Es también el tipo de casos que requiere de tiempo, pese a que aquí, más que investigación, hice trabajo de campo y de recolección de datos. Pero me tomó dos meses y con un equipo, decisiones que en un medio no se toman fácilmente. Otro logro ha sido que los implicados hayan sido apartados de niveles de mando y trasladados.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/20100110/10/node/243265/todos/1558

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