Jhony Vásquez Guerra relata que su esposa –de quien mantiene en reserva su nombre– se sometió a una prueba molecular en la Clínica Internacional el 27 de mayo. El test costó S/ 491 y el diagnóstico fue conocido cuatro días después. Su pareja resultó positiva para COVID-19.
En la Clínica Jesús del Norte la tarifa es similar, recuerda Karla Guillermo Espinoza, quien el mes pasado, en vista de que sus familiares presentaron síntomas, consultó cuánto es el precio de un test con hisopado. “Me dijeron que cuesta S/ 400”, detalló.
Ambos pacientes desconocían que estos nosocomios no debieron cobrarles.
Un informe reciente de la Contraloría, al que accedió La República, concluye que 18 centros médicos particulares lucraron con los análisis de test moleculares irregularmente entre el 6 de marzo y 26 de mayo.
“El INS realizó diagnósticos de 19.746 muestras biológicas remitidos por los establecimientos de salud privados que representa el 21,5 % del total de las muestras analizadas. Se evidencia que las clínicas realizan cobros por los servicios relacionados al citado diagnóstico, generando el riesgo de que se beneficie a instituciones privadas sobre la base de un servicio gratuito”, sostiene la pesquisa.
Hasta el 18 de mayo, solo nueve clínicas respondieron a la auditoría. La otra mitad que aún no se pronuncia son la Clínica San Borja, Clínica Anglo Americana, Centro de Vacunación de la Clínica Delgado, Clínica Padre Luis Tezza, Clínica Ricardo Palma, Clínica Centenario Peruano Japonesa, Centro Odontológico de la Clínica Vesalio, Clínica Médica Cayetano Heredia y Clínica Javier Prado.
La pericia detalla, además, que la mayoría de estas cobraron entre S/ 400 y S/ 500 por prueba, montos que concuerdan con los testimonios recogidos.
La defensora adjunta de derechos de servicios públicos, Alicia Abanto, calcula que la recaudación de estos centros particulares por ello llegaría a S/ 7 millones.
El silencio de Susalud
Abanto, en tanto, criticó, en diálogo con este diario, que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) no haya colaborado con la fiscalización de la Contraloría y que aún no se manifieste. “Para la Defensoría del Pueblo es importante que Susalud realice una rendición de cuentas sobre la labor que está teniendo en este contexto de la pandemia y explique por qué no brindó información a la Contraloría. Existe el deber de transparencia”, sostuvo.
El órgano de control requirió información a Susalud sobre la supervisión realizada en las evaluaciones de descarte de la COVID-19. La superintendencia solo se limitó a recibir el pedido en mesa de partes y nunca respondió.
Ayer por la tarde, el INS ratificó que el diagnóstico de coronavirus es un servicio gratuito, público e indispensable y que “se proporcionó a Susalud la información sobre las pruebas realizadas a las muestras enviadas por clínicas privadas para que puedan realizar investigaciones”.
El subjefe del INS, Víctor Suárez Moreno, aclaró en Canal N que su institución no entrega pruebas moleculares a las clínicas, sino que se encargan de recibir las muestras recogidas y analizarlas. “(Ellos) no deben cobrar por este servicio de diagnóstico de laboratorio”, acotó.
Al cierre de esta nota, la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) alega que sus asociadas no cobraron por los test, sino por “los costos adicionales que se generan en el procedimiento, tal es el caso de los honorarios del personal que realiza la toma de muestra, equipo de protección personal, traslado de las muestras al INS, entre otros”. La ACP manifestó su rechazo a las acusaciones poniéndose a disposición de las autoridades supervisoras.
Con ello, la responsabilidad está en manos de Susalud, que sigue sin brindar explicaciones.
Laboratorios e intercambio prestacional fallido
La Contraloría también informó que de cinco laboratorios autorizados por el Instituto Nacional de Salud, tres no cuentan con instrumentos y personal capacitado en bioseguridad: Sequence Reference LAB, Inbiomedic SAC y Unilab Perú SAC.
En tanto, ayer el Seguro Integral de Salud (SIS) y la Asociación de Clínicas firmaron el intercambio prestacional para infectados de coronavirus con una tarifa de S/ 3.500 diarios por cama UCI. La medida solo aplica para pacientes trasladados de hospitales a clínicas, no para clientes particulares y sin seguro.
Opinión
Alicia Abanto - Defensora adjunta: “Susalud es la instancia que en este contexto debe tener un rol activo y transparente. La Constitución protege el derecho a la información y el derecho de los usuarios de los servicios públicos”.
