El pleno del Congreso aprobó en la madrugada de este sábado delegar las facultades al Ejecutivo para que pueda legislar en materia penal y penitenciaria con el fin de establecer medidas para el deshacinamiento de los penales por razones de contagio del COVID-19.
La decisión se tomó en primera votación por 92 votos a favor, 32 abstenciones y 5 votos en contra, tras un debate que duró más de tres horas, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, sustentaran desde las 10:50 p.m. del viernes el proyecto del Ejecutivo que solicita que se le otorgue facultades para emitir normas que permitan atender la crisis de hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional.
La medida fue ratificada por una segunda votación, en la que 89 congresistas votaron a favor, 30 se abstuvieron y 7 votaron en contra.
Zeballos y Castañeda acudieron al Parlamento ante un pedido cursado horas antes por la Junta de Portavoces del Legislativo. Las convocatorias a los ministros vinieron de la mano de la exoneración del trámite de comisiones de la iniciativa del Gobierno.
En su intervención, el ministro Zeballos sostuvo que el INPE tiene 68 establecimientos penitenciarios con capacidad para 39 mil internos pero dijo que actualmente hay 97 mil internos. “Eso es hacinamiento y eso significa desorden , caos y anarquía”, manifestó tras señalar que agradecía al Congreso por haber puesto rápidamente en debate el proyecto de pedido de facultades.
Recordó que en un primer pedido de facultades, el Congreso le otorgó las mismas pero no en todos los ejes temáticos que se solicitó. Añadió que luego se interpuso una iniciativa legislativa que no fue considerada y ahora nuevamente se hacía una petición de facultades.
“Detrás de este pedido de facultades no hay ningún interés subalterno que persiga el beneficio para uno u otro interno ya sea sentenciado o procesado, esta es una propuesta pura, objetiva, alimentada por la realidad que nos muestra cada cárcel del país”, manifestó Zeballos ante el pleno.
Agregó que no se trata de una simple propuesta para que haya menos presos, sino de una propuesta “impregnada de criterios técnicos, jurídicos y sociales” que permitirá corregir graves falencias que nuestro sistema penitenciario ha arrastrado por décadas".
A su turno, el ministro Castañeda expresó que se ha tomado varias medidas para minimizar el impacto del COVI-19 en los penales y se han adoptado algunas normas para acelerar la salida de aquellos internos que cumplen penas por incumplimiento familiar, pero que eso no basta para deshacinar los establecimientos penales.
Dijo que se busca regular un marco jurídico sobre delitos menos lesivos para que algunos de los procesados y condenados por esos ilícitos puedan dejar las cárceles. Precisó que no será el Ejecutivo el que hará las excarcelaciones, sino el Poder Judicial bajo ese marco jurídico. También pidió que se restablezca que el Poder Judicial pueda revisar de oficio las prisiones preventivas teniendo en cuenta el actual contexto del coronavirus.
Debate
Durante el debate, Guillermo Aliaga de Somos Perú, bancada que votó en abstención, señaló que los congresistas no han venido a liberara presos y que será los jueces quienes deberán analizar los casos concretos de los internos con el marco jurídico que se apruebe.
En tanto que Omar Chehade de APP manifestó que no se ha construido ningún penal en los últimos dos años y que el ministro de Justicia ha mostrado incapacidad para enfrentar la crisis de los penales por lo que debería renunciar.
La congresista de Fuerza Popular Martha Chávez, por su parte, indicó que el titular de Justicia no había explicado los términos del pedido de facultades y que se necesitaba saber exactamente qué medidas planeaba hacer el Ejecutivo.
En cuanto a Podemos Perú, María Teresa cabrera adelantó que su bancada concederá las facultades pero advirtió que se debe actuar con prudencia para que solo sean beneficiados los internos menos peligrosos. Pidió que se garantice la seguridad de la población.
Gino Costa del Partido Morado también insistió en que en el caso de los internos que están en calidad de procesados se debe hacer una lista de exclusión con el fin de que los más violentos y peligrosos no puedan ser beneficiados por el mecanismo que se piensa implementar.
Jesús Arapa de Acción Popular preguntó cuánto era el presupuesto que se pensaba asignar para realizar el proyecto presentado y su compañero de bancada, Otto Guibovich, expresó que se debe cambiar radicalmente el sistema penitenciario.
Antecedentes
El Poder Ejecutivo remitió este viernes el proyecto mediante el cual solicita facultades para legislar en materia penal, procesal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por el riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19).
La iniciativa tiene por objeto que el Gobierno legisle por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma, sobre materia penitenciaria. En particular, en lo que respecta a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, rendición de penas y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas y condenadas por delitos leves.
Sobre estas se aplicarán medidas, procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta a los penales y evitar el contagio del COVID-19.
El último 16 de mayo, el pleno del Congreso rechazó los proyectos de ley que, recogiendo las propuestas del Ejecutivo, el Poder Judicial y aportes de distintos parlamentarios, pretendían descongestionar las cárceles para evitar un contagio masivo de coronavirus (COVID-19).
Entre los argumentos más utilizados por los legisladores para no dar luz verde a las iniciativas fue que el Gobierno tuvo, en su momento, la posibilidad de legislar sobre deshacinamiento penitenciario y no lo hizo, por lo que estaría colocando la pelota en la cancha del Congreso con un tema de alta sensibilidad política.
Producto de ello, el 22 de mayo, durante una conferencia de prensa sostenida por el presidente Martín Vizcarra para informar sobre la situación de la emergencia nacional, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, anunció que el Ejecutivo pediría al Parlamento facultades para legislar sobre deshacinamiento penitenciario.
Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el Perú existe un promedio de hacinamiento de 140%. En algunos penales, esta cifra alcanza el 500%.
A su vez, el ministro Castañeda ha señalado a El Comercio que hasta la fecha han fallecido 182 presos por COVID-19 en los 68 penales del país, con unos 1.223 casos positivos entre los internos. Además, 674 trabajadores del INPE dieron positivo, con 18 hospitalizados y 36 dados de alta. Unos 12 funcionarios, sin embargo, fallecieron producto del contagio.
