(El Comercio) Pensiones escolares: ¿qué piden los padres de familia después de más de 70 días sin clases presenciales?

Mientras la Upafcopa considera que el Ministerio de Educación debe ampliar el plazo para el traslado a un colegio público, desde la Anapef proponen el “bono escolar”.

Desde que el 11 de marzo, el presidente Martín Vizcarra suspendiera las clases escolares presenciales a nivel nacional, la discusión se ha centrado en el cobro de las pensiones, si era justo o no que los colegios privados accedan a las peticiones –justas o no– de los padres de familia, que reclamaban una reducción al considerar que los costos de las clases virtuales eran menores.

Aunque por estos días, con el primer bimestre en el recuerdo y después de la exhortación pública del Gobierno, han sido varias las entidades educativas que optaron por hacer eco del reclamo de los padres (según la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados – Anapef, de una muestra de 457 colegios privados, la mayoría redujo sus pensiones entre 20% y 30%), la discusión continúa.

Por un lado, los colegios consideran que los ajustes que han realizado corresponden a los costos reales de los servicios que vienen brindando hoy en día, pero los padres de familia insisten en que los descuentos debieran ser mayores a los propuestos hasta ahora.

MÁS PLAZO

Frente a ello, y hasta que los colegios y los padres logren un entendimiento que satisfaga a ambas partes, la Unión de Padres Familia de Colegios Particulares (Upafcopa) viene solicitando que el Ministerio de Educación (Minedu) amplíe el plazo para quienes están interesados en trasladar a sus hijos a una escuela pública.

Como se recuerda, el plazo venció el 22 de mayo y según el Minedu, han sido 110.000 las solicitudes presentadas, pero como el descontento continua, Christian Pardo presidente de la Upafcopa considera que es necesario “ampliar el plazo” para las inscripciones.

Es más, desde su óptica, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1476 (que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo no presencial, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19), asiste a los padres en su derecho a “evaluar y negociar la modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo considerando las prestaciones que se brindan de manera efectiva”.

Y considerando que el estado de emergencia se ha ampliado hasta el 30 de junio, el también docente de la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales (ENEG) sostiene que “los padres familia aún están en el plazo de evaluar y negociar con los colegios para lograr la reducción de las pensiones”, sobre todo si consideramos –como ha señalado el ministro de Educación Martín Benavides– que entre el 22 de junio y el 6 de julio recién empezarán las actividades de los estudiantes trasladados.

BONO ESCOLAR

Pero, no es la única propuesta que ha surgido desde el lado de los padres. En su afán por buscar más de una solución al problema que hoy los enfrenta a los colegios de sus hijos, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef) ha propuesto el “bono escolar”, como una medida de apoyo a las familias que han visto afectada su capacidad de financiamiento.

Esta propuesta coincide con la que hace algunas semanas hiciera la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), que planteó la creación –por parte del Gobierno– de un bono para que los padres de familia puedan asumir el pago las mensualidades de sus hijos.

Según han informado en la Anapef, esta propuesta –al igual que la de rescate financiero para los colegios– ya fue alcanzada al Minedu, por lo que solo están a la espera de una respuesta.

(Publicación tomada de El Comercio).

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(RPP) Ministro de Educación: Hemos registrado 110 000 solicitudes de traslado a escuelas públicas

El ministro de Educación, Martín Benavides, informó que, hasta este viernes, su sector ha registrado 110 mil pedidos de traslado de colegios privados a escuelas públicas, los cuales han sido solicitados por intermedio de la plataforma digital que su gestión ha implementado.

A partir de este momento, los requerimientos entrarán a una fase de "validación de matrículas". Luego, hasta el 6 de junio, "empezaremos las actividades iniciales con los estudiantes trasladados", señaló el ministro en RPP Noticias.

"Estamos diseñando tres modalidades. La primera es que los colegios actuales amplíen sus cupos hasta el tope máximo de estudiantes por salón. La segunda es ampliar a dobles turnos. La tercera es dar el servicio de manera no presencial; luego, cuando retornen a aulas, implementar un modelo mixto para esos estudiantes", explicó.

Benavides indicó que dentro de dos meses volverán a abrir el sistema de registro de solicitudes "ante la eventualidad de situaciones nuevas que se puedan presentar".

El ministro, además, descartó que se vaya a modificar la remuneración de los profesores de colegios públicos. "No (habrá reduccion de sueldo), todo se mantiene conforme a los acuerdos logrados", indicó.

También se pronunció sobre los problemas que han surgido en torno a las pensiones en las escuelas privadas y aseguró que están siguiendo "de cerca" los casos.

"Para tener mas claridad, hemos emitido pedidos de información a los 40 mil colegios privados para que nos comuniquen a qué acuerdos llegaron con los padres y cómo se han cumplido los temas de transparencia. En función de eso, actuaremos en los casos que sea necesario", añadió.

Benavides confía en que los representantes de las instituciones educativas hayan dialogado con los padres de familia y que las desavenencias "se vayan solucionando".

"El mensaje que dimos es que los colegios deben ser transparentes, creemos que esto ha ayudado a que todo se vaya calmando".

Publicación tomada de RPP

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(La República) Mendoza critica a Vizcarra: “No se puede ampliar la cuarentena sin asegurar la subsistencia de la gente”

La lideresa del movimiento político Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuestionó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, haya decretado ampliar el estado de emergencia hasta el 30 de junio sin antes “asegurar la subsistencia de la gente”.

Este viernes 22, en un pronunciamiento, Vizcarra Cornejo indicó que, en un periodo de 3 meses, se entregará el bono económico de S/760 para 6.8 millones de hogares que no cuenten con ingresos formales y que hayan sido afectados por la pandemia del coronavirus.

Ante ello, la excongresista manifestó que dicho subsidio económico es “insuficiente”. Además, resaltó que no se puede extender el estado de emergencia nacional sin antes garantizar el bienestar de la población.

“No se puede ampliar la cuarentena sin asegurar la subsistencia de la gente. Un bono de S/. 760 por más de 3 meses es insuficiente”, expresó, a través de redes sociales, Verónika Mendoza.

Asimismo, la excandidata presidencial recomendó al jefe de Estado aplicar un Ingreso Básico Universal, un bono económico que se entregaría mensualmente. “Y no las listas dispersas e incompletas que tenemos ahora”, agregó.

Para remitir el mencionado subsidio económico, Mendoza Frisch sugirió una "estrategia de banco móvil con DNI y celular que comprometa a la banca pública y privada”.

“No se puede hablar de 'nueva convivencia´ y seguir cargando el costo de la crisis a los trabajadores y familias mientras se mantiene privilegios y se permite abusos de los grupos de poder económico”, criticó.

Finalmente, hizo énfasis en la valentía de los peruanos aunque puntualizó que el Gobierno de Martín Vizcarra debe asegurar las condiciones de la población para continuar cumpliendo con el estado de emergencia.

“Los peruanos y peruanas somos fuertes y valientes, pero el gobierno tiene que asegurar condiciones mínimas para resistir la cuarentena y la recesión de la economía. El Perú tiene los recursos, el propio presidente lo ha dicho varias veces. Este es el momento de usarlos”, concluyó.

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(La República) Se extiende cuarentena hasta el 30 de junio y amplían actividades

El presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió ampliar hasta el martes 30 de junio el aislamiento social obligatorio, ello con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

No obstante, el mandatario precisó que, a diferencia de las anteriores ampliaciones, el decreto supremo aprobado ayer en Consejo de Ministros, el cual se titula “Ciudadanía hacia una nueva convivencia social”, tendrá algunas modificaciones y flexibilizaciones.

Uno de los cambios es que el toque de queda en el país será desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. a partir del próximo lunes 25, a excepción de 8 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y en las provincias de Áncash de Santa, Casma y Huarmey, en donde el toque de queda regirá a partir de las 6:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Actividades permitidas

Una de las flexibilidades que mencionó el mandatario es que a partir del lunes 25 de mayo estarán permitidas nuevas actividades, ello para que los hogares tengan mejores facilidades en su vida diaria.

En ese sentido, el Gobierno dio luz verde para el retorno del servicio de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos. Así como también la provisión de útiles escolares y artículos de oficina con fines educativos y laborales, siempre y cuando se cumpla con las normas sanitarias. Debido a estas actividades que retornan también se autorizó el servicio de delivery a través de terceros; es decir, a los aplicativos Glovo, Rappi y Uber Eats.

"Una tienda de venta de ropa, de calzado o una librería puede tener aglomeración de personas, donde hay contagio, pero sí van a poder trabajar a través de la venta a distancia del delivery", precisó.

Es menester precisar que los aplicativos de delivery no fueron considerados para la primera etapa de reactivación, por lo que los restaurantes deberían contar con su propia flota. Esta decisión permitirá que los restaurantes más pequeños puedan operar bajo la modalidad del delivery.

Asimismo, el mandatario informó que los servicios médicos ajenos a la atención de la COVID-19 también tendrán luz verde para volver a operar.

“También los servicios de apoyo al diagnóstico como odontología, reproducción humana, rehabilitación, veterinaria, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria de la COVID-19”, subrayó.

Todas las actividades mencionadas podrán reanudar sus operaciones siempre y cuando tengan un plan de prevención de COVID-19, el cual deberá ser aprobado por el ministerio sectorial correspondiente y por el Ministerio de Salud (Minsa).

Se inicia la fase 2

El jefe del Estado también se refirió sobre la fase 2 de la estrategia del reinicio de actividades, que empieza en junio, según el plan que detalló la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, a La República.

“Esta etapa coincide con la fase 2 de la reactivación económica, la cual es fundamental porque juntada esta reactivación con el control sanitario se generan los ingresos económicos al erario nacional y, sobre todo, la generación de puestos de trabajos que necesitamos todos”, argumentó Vizcarra.

En esa misma línea, adelantó que durante el periodo que durará el confinamiento volverán al ruedo los servicios técnicos de informática, gasfitería, electricidad, lavandería, carpintería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, peluquerías y cosmetología.

Con respecto a ello, la titular del Ministerio de la Producción (Produce), Rocío Barrios, aclaró que a excepción de la lavandería, las demás actividades se deberán realizar a domicilio, como es el caso de las peluquerías y cosmetología.

Como se recuerda, la economía antes del plan de reinicio de actividades se encontraba operando al 44%. Por lo que la fase 1 de reactivación -el cual empezó este mes- se elaboró para que alcance el 70% de producción. Debido a ello, se autorizó la reanudación de 27 sectores económicos, entre los que destacan restaurantes, comercio electrónico, sector textil, minería, hidrocarburos, pesca, entre otros.

Ello implicaría que alrededor de 1,4 millones de personas retornen a sus puestos de trabajo.

En tanto, para la fase 2, se espera reactivar un 9,5% de la producción nacional y reinsertar a 1,5 millones de trabajadores. Vale mencionar que el reinicio se realiza de manera gradual e incremental y respetando los protocolos y criterios de focalización de cada ministerio.

El avance

La titular del MEF, María Alva, también detalló el avance que está teniendo el plan de reinicio de actividades a la fecha.

De acuerdo con la titular del sector, el balance de la fase 1 da como resultado la aprobación de 40 proyectos mineros, la aprobación del 100% de la cuota de pesca por parte del Ministerio de la Producción y 200 proyectos inmobiliarios aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

“Al inicio de la cuarentena, diseñamos un plan económico con una etapa de contención y otra de reactivación. Uno de los planes económicos más ambiciosos de la región. Nuestra expectativa es que poco a poco esta reanudación económica se vaya sintiendo en el bolsillo de las person as y de las empresas", explicó la ministra Alva.

Asimismo, reconoció que la fase 2 se caracterizará por incrementar el bienestar de los ciudadanos –autorizando actividades y servicios técnicos profesionales, como detalló Vizcarra– y por simplificar los trámites vistos en la primera etapa.

“Estamos en constante evaluación y calibramos esta fase 2 con un énfasis en el control y fiscalización posterior. Vamos a seguir con la reactivación y, para la próxima semana, previa validación de la comisión multisectorial que hemos creado, vamos a ampliar la lista de actividades y proponer mejoras en los procesos”, acotó.

Esta declaración se enmarca luego de que varios pequeños empresarios manifestaron que los criterios de focalización no estaban hechos para las Mypes, lo cual era una gran barrera que les impedía reactivarse.

Tomado de La República

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(El Comercio) Bono Familiar Universal: si mi nombre no figura en el padrón oficial, ¿cómo puedo acceder al subsidio?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el miércoles 20 de mayo la plataforma para consultar si una persona es beneficiaria del bono familiar universal de S/760, que se entrega en apoyo a las familias que se vieran afectadas por el estado de emergencia nacional para contener el avance del coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, aquellos que no llegaran a figurar en el padrón de beneficiarios de este subsidio monetario tendrán la oportunidad de registrarse en una plataforma de Reniec que permitirá solicitar el bono.

Se anunció que esta plataforma estará habilitada por diez días, por lo que solo quedan siete días para inscribirse.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a la ciudadanía que el acceso a la plataforma del Registro Nacional de Hogares, donde se ve el listado de beneficiarios del Bono Familiar Universal, será suspendido hasta el día sábado 23 de mayo.

Pasos a seguir

Se debe tener en cuenta en primer lugar los criterios establecidos por el Midis para la selección de beneficiarios:

• No haber recibido bonos anteriores: Bono Yo me quedo en casa (Bono S/380 o S/760), Bono Independiente y Bono Rural.
• Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.
• Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los S/3.000 mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

De cumplirse los requisitos, deberá realizar los siguientes pasos:

• Ingrese a la plataforma bonouniversalfamiliar.pe
• Ingrese el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI)
• De no acceder al bono universal familiar, deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares www.registronacionaldehogares.pe del Reniec
• En la plataforma de Reniec, usted deberá validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar a fin de verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas

Los datos consignados en la plataforma tendrán carácter de Declaración Jurada, por lo que se debe colocar la información correcta ya que esta será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización.

Por el momento, la web de Reniec se encuentra saturada, por lo que podrían presentarse problemas al tratar de acceder a esta. Sin embargo, la institución ha señalado que ya se encuentra trabajando en solucionar los inconvenientes.

Tomado de El Comercio

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(El Comercio) Ministra de la Producción: “Todos los servicios sin excepción serán a domicilio”

La titular del Ministerio de la Producción (Produce), Rocío Barrios, señaló este viernes que todos los servicios sin excepción son a domicilio, por lo cual, rubros como peluquería, librería, ferretería, entre otros, podrán iniciar sus actividades siempre que acaten dicha medida.

“Lo que estamos haciendo es flexibilizar todos aquellos servicios que permitan que como ciudadanos nos sintamos cómodos en casa, que permitan que se minimice el riesgo de salir en esta etapa todavía de contención y que nos pueda proveer de servicios esenciales”, señaló en conversación con “ATV”.

Agregó que en Lima está permitido el comercio electrónico por delivery propio o por tercero para todos los servicios del hogar, los servicios de escritorio y todo lo que se requiere, así como para los restaurantes.

Asimismo, Barrios informó que la medida se extiende a “los negocios y a todos los restaurantes pequeños” para que puedan proveer sus servicios a través del delivery, previo cumplimiento de protocolo y de las medidas de seguridad.

En otro momento, la titular del sector indicó que una persona natural con negocio pequeño, independiente tiene que tener en cuenta el uso de gorra, con cabello sujeto (en el caso de damas), mascarilla, lentes, desinfectante y alcohol en spray, botas, así como un cuaderno donde se registre su temperatura.

En ese sentido, la titular del Produce dijo que con el fin de que todos conozcan cuáles son los protocolos "van a sacar una guía para traducir ese lineamiento de salud que ya inició el Ministerio de salud donde se le diga cual es el protocolo”.

Tomado de El Comercio

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(El Comercio) Retiro de 25% de AFP: Congreso aprobó intangibilidad del desembolso con ciertas condiciones

El Pleno del Congreso aprobó en primera y exoneró de segunda votación el proyecto que otorga el carácter intangible al retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones de la Ley 31017, la misma que permite el retiro del 25% de AFP.

Es decir, los bancos o entidades financieras ya no podrán realizar el cobro de deudas o el embargo de las cuentas en las que se haga el depósito de este dinero. La norma aprobada, no obstante, deberá ser promulgada por el Ejecutivo para la aplicación de esta disposición.

Como se recuerda, la ley extraordinaria que permite el desembolso de la AFP aprobada y vigente no consideró la intangibilidad de los fondos liberados. Por esa razón, el dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, incluye ese artículo en la ley.

Ante la omisión de la intangibilidad, la Asociación de AFP había explicado que algunas entidades del sistema financiero habían logrado detener los cobros.

“El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantienen la condición de intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados”, señala el dictamen aprobado.

No obstante, agrega, que “lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”.

Es decir, aquellos que mantengan deudas por la pensión de alimentos podrán ser sujetos al cobro de hasta el 30% del monto retirado para el pago de lo mencionado.

Cabe señalar que la norma aprobada estipula que las personas con fondos menores a S/4.300 (1 UIT) pueden retirar el íntegro de ese dinero; y el monto máximo por retirar es de S/12.900 (3 UIT). Además, se contempla que el retiro de los fondos se daría en dos meses. Aquellos que ya hayan retirado los S/2.000 autorizados por el Gobierno deberán deducir esto del monto que podrá retirar.

Tomado de El Comercio

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(El Comercio) Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para legislar sobre penales

El pleno del Congreso aprobó en la madrugada de este sábado delegar las facultades al Ejecutivo para que pueda legislar en materia penal y penitenciaria con el fin de establecer medidas para el deshacinamiento de los penales por razones de contagio del COVID-19.

La decisión se tomó en primera votación por 92 votos a favor, 32 abstenciones y 5 votos en contra, tras un debate que duró más de tres horas, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, sustentaran desde las 10:50 p.m. del viernes el proyecto del Ejecutivo que solicita que se le otorgue facultades para emitir normas que permitan atender la crisis de hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional.

La medida fue ratificada por una segunda votación, en la que 89 congresistas votaron a favor, 30 se abstuvieron y 7 votaron en contra.

Zeballos y Castañeda acudieron al Parlamento ante un pedido cursado horas antes por la Junta de Portavoces del Legislativo. Las convocatorias a los ministros vinieron de la mano de la exoneración del trámite de comisiones de la iniciativa del Gobierno.

En su intervención, el ministro Zeballos sostuvo que el INPE tiene 68 establecimientos penitenciarios con capacidad para 39 mil internos pero dijo que actualmente hay 97 mil internos. “Eso es hacinamiento y eso significa desorden , caos y anarquía”, manifestó tras señalar que agradecía al Congreso por haber puesto rápidamente en debate el proyecto de pedido de facultades.

Recordó que en un primer pedido de facultades, el Congreso le otorgó las mismas pero no en todos los ejes temáticos que se solicitó. Añadió que luego se interpuso una iniciativa legislativa que no fue considerada y ahora nuevamente se hacía una petición de facultades.

“Detrás de este pedido de facultades no hay ningún interés subalterno que persiga el beneficio para uno u otro interno ya sea sentenciado o procesado, esta es una propuesta pura, objetiva, alimentada por la realidad que nos muestra cada cárcel del país”, manifestó Zeballos ante el pleno.

Agregó que no se trata de una simple propuesta para que haya menos presos, sino de una propuesta “impregnada de criterios técnicos, jurídicos y sociales” que permitirá corregir graves falencias que nuestro sistema penitenciario ha arrastrado por décadas".

A su turno, el ministro Castañeda expresó que se ha tomado varias medidas para minimizar el impacto del COVI-19 en los penales y se han adoptado algunas normas para acelerar la salida de aquellos internos que cumplen penas por incumplimiento familiar, pero que eso no basta para deshacinar los establecimientos penales.

Dijo que se busca regular un marco jurídico sobre delitos menos lesivos para que algunos de los procesados y condenados por esos ilícitos puedan dejar las cárceles. Precisó que no será el Ejecutivo el que hará las excarcelaciones, sino el Poder Judicial bajo ese marco jurídico. También pidió que se restablezca que el Poder Judicial pueda revisar de oficio las prisiones preventivas teniendo en cuenta el actual contexto del coronavirus.

Debate

Durante el debate, Guillermo Aliaga de Somos Perú, bancada que votó en abstención, señaló que los congresistas no han venido a liberara presos y que será los jueces quienes deberán analizar los casos concretos de los internos con el marco jurídico que se apruebe.

En tanto que Omar Chehade de APP manifestó que no se ha construido ningún penal en los últimos dos años y que el ministro de Justicia ha mostrado incapacidad para enfrentar la crisis de los penales por lo que debería renunciar.

La congresista de Fuerza Popular Martha Chávez, por su parte, indicó que el titular de Justicia no había explicado los términos del pedido de facultades y que se necesitaba saber exactamente qué medidas planeaba hacer el Ejecutivo.

En cuanto a Podemos Perú, María Teresa cabrera adelantó que su bancada concederá las facultades pero advirtió que se debe actuar con prudencia para que solo sean beneficiados los internos menos peligrosos. Pidió que se garantice la seguridad de la población.

Gino Costa del Partido Morado también insistió en que en el caso de los internos que están en calidad de procesados se debe hacer una lista de exclusión con el fin de que los más violentos y peligrosos no puedan ser beneficiados por el mecanismo que se piensa implementar.

Jesús Arapa de Acción Popular preguntó cuánto era el presupuesto que se pensaba asignar para realizar el proyecto presentado y su compañero de bancada, Otto Guibovich, expresó que se debe cambiar radicalmente el sistema penitenciario.

Antecedentes

El Poder Ejecutivo remitió este viernes el proyecto mediante el cual solicita facultades para legislar en materia penal, procesal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por el riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19).

La iniciativa tiene por objeto que el Gobierno legisle por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma, sobre materia penitenciaria. En particular, en lo que respecta a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, rendición de penas y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas y condenadas por delitos leves.

Sobre estas se aplicarán medidas, procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta a los penales y evitar el contagio del COVID-19.

El último 16 de mayo, el pleno del Congreso rechazó los proyectos de ley que, recogiendo las propuestas del Ejecutivo, el Poder Judicial y aportes de distintos parlamentarios, pretendían descongestionar las cárceles para evitar un contagio masivo de coronavirus (COVID-19).

Entre los argumentos más utilizados por los legisladores para no dar luz verde a las iniciativas fue que el Gobierno tuvo, en su momento, la posibilidad de legislar sobre deshacinamiento penitenciario y no lo hizo, por lo que estaría colocando la pelota en la cancha del Congreso con un tema de alta sensibilidad política.

Producto de ello, el 22 de mayo, durante una conferencia de prensa sostenida por el presidente Martín Vizcarra para informar sobre la situación de la emergencia nacional, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, anunció que el Ejecutivo pediría al Parlamento facultades para legislar sobre deshacinamiento penitenciario.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el Perú existe un promedio de hacinamiento de 140%. En algunos penales, esta cifra alcanza el 500%.

A su vez, el ministro Castañeda ha señalado a El Comercio que hasta la fecha han fallecido 182 presos por COVID-19 en los 68 penales del país, con unos 1.223 casos positivos entre los internos. Además, 674 trabajadores del INPE dieron positivo, con 18 hospitalizados y 36 dados de alta. Unos 12 funcionarios, sin embargo, fallecieron producto del contagio.

Tomado de El Comercio

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COVID-19: ¿Cómo se transforman las prácticas de comunicación masiva y qué debemos aprender al respecto?

Por: Jackeline Velarde Castillo (*)

Hoy el COVID-19 es lo que más preocupa a las personas en todo el mundo[1]. Dada la magnitud de la emergencia de salud pública, se ha producido una enorme oferta de información difundida a través de los medios de comunicación masiva en todos sus formatos. Esto no ha excluido, por supuesto, la difusión de rumores, noticias falsas y recomendaciones sin sustento cuyo efecto, más allá de la desinformación, ha sido también la incitación al pánico colectivo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se ha pronunciado respecto de lo que ha denominado como infodemia[2], cuyas consecuencias más graves repercuten directamente en la salud de las personas. Ante esta situación, diversas instituciones han llevado a cabo esfuerzos para elaborar materiales que orienten la actividad de periodistas y medios de comunicación, reconociendo las consecuencias negativas que un mal tratamiento de la noticia tiene en un escenario como el actual. Lamentablemente, en nuestro país este tipo de recomendaciones ha tenido poco eco.

Uno de los cambios más significativos en las dinámicas de consumo de contenidos durante la emergencia sanitaria nacional ha sido el incremento en el tiempo de exposición de las personas a las pantallas. Hacia el mes de marzo, Ipsos Perú llevó a cabo una encuesta de opinión para recoger percepciones en el marco de la medida de aislamiento social obligatorio. Destaca que, respecto al uso del tiempo durante este periodo, la mayoría de personas encuestadas respondió que usaba su tiempo viendo, leyendo o escuchando noticias y un importante porcentaje señaló que lo usaba revisando redes sociales[3]. Asimismo, los resultados de la encuesta de opinión llevada a cabo por el IEP en el mes de abril arrojan que el 78% de personas consume noticias sobre el COVID-19 a través de la TV[4].

La sobreexposición y sus potencialidades

El domingo 15 de marzo, Martín Vizcarra dio el que sería el primero de 39 mensajes presidenciales transmitidos en vivo a la fecha[5]. Haciendo uso del espacio televisivo estatal y todos los canales de señal abierta, el presidente de la República, la mayoría de veces junto a todo su gabinete y unas pocas solo junto al primer ministro, se ha dirigido a la población para informar sobre la evolución de la epidemia en el país y las medidas oficiales que se han ido adoptando a lo largo de estos 64 días. Este despliegue ha incluido ruedas de prensa con diversos medios nacionales y extranjeros. Hemos sido espectadores de un buen ejemplo de lo que propondría Wolton[6] al hablar de comunicación política: los políticos, los periodistas y la opinión pública interactuando frente a la ciudadanía en vivo y en señal abierta. Los efectos de este trabajo se han visto reflejados en el aumento en 33% de la audiencia de los mensajes presidenciales durante esta época, lo que significa más de 100 mil personas adicionales sintonizando este contenido a diario[7].

Desde otro frente, pero en esa misma línea, los programas de la plataforma educativa “Aprendo en Casa”, inicialmente transmitidos solo por TV Perú y luego también por televisoras privadas, han alcanzado los 6 millones de televidentes por semana desde su lanzamiento el lunes 6 de abril[8], además de la sintonía a través de la radio y streaming en su página web. Nunca antes contenidos de corte educativo habían alcanzado este nivel de sintonía en la TV peruana. Es así, que esta plataforma se viene posicionando como una herramienta educativa/comunicacional valiosísima en la búsqueda de garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, especialmente en este contexto. ¿Tuvo que ocurrir una pandemia para lograr lo que se viene intentando hace varios años desde el canal del Estado y unos cuántos otros espacios?, ¿Qué va a suceder con la implementación y el consumo de este tipo de espacios y contenidos una vez que la pandemia se haya superado?

Estas cifras de sintonía de contenidos informativos y educativos son positivas y alentadoras, aunque insuficientes debido a la aún existente brecha de acceso a las TIC[9] en los hogares[10]. Es claro que se está haciendo el esfuerzo; hay plataformas y dispositivos comunicacionales ajustándose bien y rápido, sin perder de vista en el análisis que el éxito de estas implementaciones se sostiene, en buena parte, debido al contexto y por eso es fundamental evaluar y definir qué se hará después. Vale la pena preguntarnos qué retos nos deja en el futuro cercano esta transformación en las prácticas mediáticas y en la propia creación de contenidos; hacia dónde deberíamos mirar para sostener y seguir incentivando el desarrollo de capacidades digitales desde nuestras instituciones públicas. El horizonte debiera ser la transformación en forma, pero, sobre todo, en el fondo del ejercicio de la comunicación mediática: medios de comunicación que contribuyan activa y efectivamente al desarrollo del país y sus habitantes. Medios que, además de su labor informativa, estén cada vez más conscientes de su rol fundamental no solo para la prevención y manejo de crisis tan o más graves que esta, sino para la reducción de brechas y espacios que colocan aún en vulnerabilidad a nuestras poblaciones.

(*) Comunicadora para el Desarrollo

[1] Según los resultados de la última edición del reporte periódico “What worries the world”, el COVID-19 es la principal preocupación en todo el mundo, ocupando el primer lugar en 24 de los 28 países incluidos en la muestra del estudio. “Coronavirus dominates global worries”, Ipsos: https://www.ipsos.com/en/coronavirus-dominates-global-worries

[2] La Organización Mundial de la Salud (OMS) define infodemia como “una cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta encontrar una solución. Durante una emergencia de salud, las infodemias pueden difundir errores, desinformación y rumores. También pueden obstaculizar una respuesta efectiva, así como crear confusión y desconfianza en las personas con respecto a las soluciones o los consejos que se plantean para prevenir la enfermedad”.

[3] “Encuesta de opinión – Cuarentena COVID-19”, Ipsos Perú: https://www.ipsos.com/es-pe/encuesta-de-opinion-cuarentena-covid-19

[4] Encuesta de opinión elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos, abril 2020: https://iep.org.pe/noticias/encuesta-de-opinion-abril-2020/

[5] Al 18 de mayo, fecha de entrega del presente texto.

[6] Wolton Dominique. “La comunicación política: construcción de un modelo”, en Ferry J., D. Wolton, et.al. El nuevo espacio público, Gedisa Editorial, Col. El Mamífero Parlante, Serie Mayor, Barcelona, 1998.

[7] Según Kantar Ibope Media, agencia de investigación de medios de comunicación.

[8] Noticia en Andina, Agencia Peruana de Noticias: https://andina.pe/agencia/noticia-aprendo-casa-alcanzo-6-millones-televidentes-primeros-dias-transmision-793852.aspx

[9] Tecnologías de la información y comunicación.

[10] Según la Encuesta Nacional de Hogares (INEI), para el 2018, el 75% de hogares en el país tenía acceso a radio y TV.

(Tomado del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP)

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